En el invierno de 1975 la revista "Baylor Law Review" publicó entre las páginas seis a nueve de su número 27, un artículo escrito por la pediatra Karen Teel.
Pocos meses después, en su sentencia del 31 de marzo de 1976, el juez Richard Hughes de la Corte Suprema de New Jersey respondía a la demanda de suspender la respiración artificial de una chica en coma profundo señalando que debía consultarse al comité de ética del hospital en el que se hallaba internada.
Hughes apelaba, entre los fundamentos de su juicio, al mencionado artículo de Teel que proponía un comité de ética integrado por médicos, trabajadores sociales, abogados y teólogos, como instrumento de diálogo para la evaluación de diferentes opciones terapéuticas para un determinado paciente. La "Morris View Nursing Home", institución en la que se encontraba en coma Karen Quinlan, constituyó un comité de ética compuesto por dos representantes del clero, el director sanitario, un asistente social, un médico que no trataba a Karen y el representante legal propio. Pero este comité, por su constitución, excedía el marco de revisión pronóstico propuesto por el juez, ya que no era un comité de expertos, para abarcar la consideración de los aspectos éticos en la toma de decisiones del caso. Y así, el artículo crítico de Teel, la desafortunada Karen, el informado juez Hughes y la decidida "Morris View Nursing Home", habían dado comienzo sin saberlo, a una de las historias humanas más cautivantes.
La resonancia pública que adquirió el caso Quinlan llamó la atención sobre una figura prácticamente inexistente hasta entonces y la consolidó formalmente, pero fue el informe de marzo de 1983 (Deciding ta Forego Life-Sustaining Treatinent) de la President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, el que dio un impulso decisivo a estos comités al proponer la formación y utilización de los mismos para asistir en la toma de decisiones acerca de pacientes terminales.
En el informe presidencial se presentaba un modelo para el establecimiento de estos comités así como un registro de los ya existentes (sólo el 1% de los hospitales en Estados Unidos los tenían entonces) y un estudio de sus actividades.
Cuando en la primavera de 1982, un año antes del informe presidencial, un bebé nacía en Bloomington -Indiana-, el tercer acto de la historia de los CHE había comenzado.
Con síndrome de Down y atresía esofágica, la vida del recién nacido dependía de una operación que permitiera su alimentación. Los padres del bebé se rehusaron al tratamiento y éste, abandonado a su suerte en una habitación murió de inanición a los seis días mientras el equipo médico intentaba sin lograrlo que una corte interviniera al el caso.
Al año siguiente, el Departamento de Salud y, Servicios Humanos de los Estados Unidos proponía una reglamentación para evaluar el tratamiento de los niños discapacitados mediante la intervención del estado en dichos casos.
La Academia Americana de Pediatría respondió con la propuesta de creación de comités de ética específicamente denominados "Infant Bioethical Review Committee (IBRC). Pero el 11 de octubre de 1983 nacía en Port Jefferson -Nueva York- la niña que sería conocida como "Baby Jane Doe".
Con múltiples defectos neurológicos, espina bífida, microcefalia e hidrocefalia, Jane podía beneficiarse de una intervención quirúrgica, según el equipo médico, para evitar infecciones aunque no las malformaciones.
Los padres de Baby Doe se negaron a la intervención prefiriendo un tratamiento conservador, pero una corte sentenció que la operación debía realizarse. La sentencia fue rechazada por la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York y Baby Doe fue llevado a su casa sin tratamiento.
En febrero de 1984, ante esa situación, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ordenó que el estado investigara las decisiones paternas en torno al tratamiento de bebés discapacitados creando una "línea caliente" de denuncia de estos casos. Pero el 23 de mayo de ese año, el juez Charles L. Brieant del distrito de Manhattan dijo el en un juicio sumario que las reglas federales conocidas como "reglas Baby Doe" eran nulas, ilegales y debían dejarse de lado por violar el deber médico de la confidencialidad y el derecho de los padres a la privacidad.
Con ello Brieant atendía a los reclamos de la asociación Médica Americana y la Asociación Americana de Hospitales junto a otras sociedades.
El Departamento de Salud convino paralelamente y aunque mantuvo la "línea caliente" con Washington y la posibilidad de investigar estos casos, ofreció gran libertad de movimientos a los hospitales que contaran con un Comité de Revisión de la Atención Infantil.
La polémica sobre la toma de decisiones giraba entorno a tres alternativas: dejar que decidieran padres y médicos, implantar la intervención y control directo del estado o llevar los casos a la corte.
Frente a ellas apareció con fuerza la opción de los CHE que alcanzaría un gran desarrollo ulterior.