1960.
En este año el doctor Belding Screibner consigue
facilitar la diálisis repetida, gracias a la construcción
de un sencillo ingenio.
Crea el primer centro de diálisis en Seattle y
se ve obligado a hacer una selección de pacientes
que pueden beneficiarse de esta técnica.
Entre los pacientes para quienes la indicación
es correcta, los criterios de selección deben efectuarse
por razones no médicas. Creó un comité
que hizo cuanto pudo, pero parece que no llegó
a una sistematización o jerarquización de
prioridades. La pluralidad de puntos de vista hizo la
tarea difícil y parece que en el comité
no hubiera una persona entrenada en el análisis
ético, La vida del comité fue breve dado
que el gobierno federal patrocinó los gastos del
tratamiento de todos los enfermos con necesidad de diálisis,
creando las facilidades oportunas.
1968.
La revista JAMA publica el informe del Comité Ad
Hoc de la Facultad de Medicina de Harvard, sobre la definición
de muerte cerebral. Este informe será cl origen
de la formación de comités en los hospitales,
para decidir cuándo se dan las condiciones de muerte
del tronco encefálico y las posibilidades éticas
y legales de desconexión de la respiración
asistida a los pacientes.
1970.
Creación de un Comité de ética asistencial
para cl tratamiento de pacientes terminales en el Massachusetts
General Hospital, presidido por el doctor Ned H. Cassem,
psiquiatra.
1971.
En este año se formó en el Hennepin County
Medical Center (Minneapolis) un comité que se denominó
«Thanatology Committee», para decidir sobre
problemas médicos, éticos y legales, en
cl tratamiento de pacientes terminales. El doctor Cranford,
neurólogo, se asoció a este comité
y se convirtió en un entusiasta defensor de los
comités de bioética en los hospitales en
un animador de la red de comités de bioética
en los hospitales de Minnesota.
1973.
La doctora Karen Teel, pediatra en Austin, Texas, escribe
un importante artículo favoreciendo la creación
de comités de ética en los hospitales, para
resolver problemas de ética asistencial. Este articulo,
tuvo gran influencia en el Tribunal Supremo de New Jersey
que dictó sentencia en el caso de Karen Ann Quinlan
1974.
Con motivo de la inauguración del Departamento
de Obstetricia y Ginecología del Hospital Sant
Joan de Déu, el doctor Luis Campos Navarro tiene
la idea de crear un Comité de Orientación
Familiar y terapéutica, que será el origen
del comité de ética actual, creado para
la resolución colegiada interdisciplinar de casos
conflictivos desde la perspectiva ética.
1976.
El Tribunal Supremo de New Jersey. dictamina que si un
comité de ética del hospital en el que está
interesada Karen Ann Quinlan, de 21 años, en situación
de coma prolongado, declara que si el pronóstico
de irreversibilidad de vida cognitiva es correcto, autorizará
la demanda de los padres adoptivos -que fueron declarados
tutores legales- de desconectar a la paciente de la respiración
asistida.
Tres notas curiosas sobre el caso:
1)
Los médicos tuvieron dificultad en el diagnóstico
de estado vegetativo crónico debido a que la causa
del coma fue la ingestión de substancias psicotrópicas
y alcohol.
2)
Los abogados pretendían utilizar cl caso como casus
belli para modificar la Enmienda 14 de la Constitución
Americana, que se refiere a la intimidad (privacy)
3)
El convencimiento generalizado, de los jueces y la opinión
pública, de que la desconexión ocasionarla
la muerte por apnea, De hecho, Karen Ann Quinlan murió
de neumonía en su casa, 9 años después
de la sentencia, 10 años después de haber
entrado en coma.
1978.
El nacimiento de la primera niña, Louise Joy Brown,
como resultado de una fecundación in vitro y transferencia
embrionaria en la Gran Bretaña, «presenta
el origen de una auténtica revolución en
el tratamiento de la esterilidad. Las posibilidades que
ofrece la fecundación asistida y la transferencia
de embriones y los riesgos que entrañan hacen necesaria
la creación de comités de estudio tanto
nacionales como supranacionales que florecen entre los
años 1982 y 1985.
1983.
Una comisión creada por d presidente de los Estados
Unidos, Jimmy Carter en el año 1980: «President's
Commission for the Study, of Ethical Problems in Medicine
and Biomedical and Behavioral Research», publica
el informe Deciding to Forego Life-Sustaining Treatment.
El informe recomienda que se creen comités en los
hospitales para tomar decisiones éticamente correctas
en los casos de pacientes incapaces mentalmente, en pacientes
inconscientes y en recién nacidos gravemente enfermos.
1984.
En Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos (DHHS), antiguo Departamento de Salud, Educación
y Bienestar Social (DHEW) y la Academia Americana de Pediatría,
recomiendan la creación de Comités de Bioética
en los hospitales, para el estudio de los problemas éticos
en neonatología, revisión de casos, docencia
al personal sanitario y elaboración de normas institucionales.
No
creo que sea exagerada la afirmación de que la
gran mayoría de los CEA nacen en los EE.UU, con
una fuerte motivación: la de proteger la autonomía
de los pacientes en conformidad con las prescripciones
legales referentes al consentimiento informado de los
pacientes o al derecho a rehusar un determinado tratamiento,
aun cuando en el ejercicio de este derecho se siga la
muerte del sujeto.
Los informes «Belmoni» y «Deciding to
Forego Life Sustaining Treatnient» han jugado un
papel decisivo en la proliferación de CEA. Los
comités de ética asistencial en perinatología,
que reciben el nombre de «Infant Care Committees»
surgen en un clima muy polémico en relación
al no tratamiento selectivo de recién nacidos con
malformaciones. Si bien la legislación americana
no impuso la creación de estos comités,
condicionó las subvenciones federales a su existencia.
La proliferación de estos comités resulta
altamente comprensible.
Creo interesante conocer las circunstancias que llevaron
a la Academia Americana de Pediatría a apoyar la
normativa propuesta por el DHHS y la entrada en vigor
de la Ley PL 98.457 del 15 de abril de 1985 que define
la negligencia en pediatra, en la actuación a los
niños con minusvalías. Aunque el caso más
remoto que desencadenó una fuerte conmoción
en Estados Unidos se dio en el Johns Hopkins Hospital
de Baltimor en 1963, permitiendo el equipo facultativo
la muerte de un recién nacido con síndrome
de Down y atresia duodenal, siguiendo la voluntad de los
padres, los casos más recientes conocidos con el
nombre de Baby Doe 1 y Baby Doe 2 precipitaron una injerencia,
a nuestro modo de ver indebida, de los poderes judiciales
en la atención a los neonatos con malformaciones.
Veámoslo con más detalle:
Baby
Doe 1.
El 9 de abril de 1982 nació en Bloomington, Indiana,
un niño con síndrome de Down y fístula
traqueoesofágica. Los padres rehusaron la corrección
quirúrgica del defecto.
El caso fue llevado a los tribunales. A los cinco días
los jueces fallaron a favor de los padres. Al día
siguiente se hizo recurso de la sentencia al Tribunal
Supremo, pero el niño murió este mismo día.
Baby
Doe 2.
El 11 de octubre de 1983 nació una niña
en Smithtown, New York, con espina bífida y mielomeningocele.
Los padres prefirieron que no se operara inmediatamente.
Un abogado denunció al Hospital para forzar la
intervención del mielomeningocele. Los jueces fallaron
a favor de los padres que razonablemente habían
aceptado la colocación de una válvula para
reducir la hidrocefalia. Cuando la niña contaba
6 meses de edad fue dada de alta y los padres se la llevaron
a casa.
En
el caso de Baby Doe 1 el Presidente Reagan ordenó
al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos
(DHH) que se aplicara a los niños la sección
504 de protección a minusválidos de la llamada
«Rehabilitation Act». A las cinco semanas
de la muerte de Baby Doe 1 se publicó un decreto
declarando ilegal la supresión del soporte nutritivo
o la atención médico-quirúrgica necesaria
para corregir algún problema que amenace la vida
de un niño con minusvalía si:
1)
el hecho de no comenzarlo se funda en la discapacitación,
2)
ésta no contraindica el tratamiento. Una regulación
final del decreto ordenaba colocar, en lugares bien visibles
de las salas de partos, de pediatría, de cuidados
intensivos pediátricos y en las guarderías
infantiles,- rótulos con el siguiente texto: «La
Ley Federal prohíbe la omisión discriminatoria
en la nutrición y tratamiento de los niños
con minusvalías». Al mismo tiempo se ordenaba
la colocación en estas facilidades de un teléfono
rojo, al alcance de los usuarios, con línea directa
al DHHS, para denunciar irregularidades.
Este Decreto, ampliamente debatido en círculos
médicos y jurídicos, tanto por su formulación
como por defectos de procedimiento, no prosperó
pero fue madurando la idea de que debía definirse
con claridad el concepto de negligencia en pediatría.
Así la «Baby Doe Protection Law» declara
que, incurre en el delito de negligencia si no se administra
un tratamiento, que se considera correctamente indicado,
a un niño con minusvalía, afectado por un
problema que puede causarle la muerta La poca precisión
en estos conceptos obligaron a matizar que no se incurre
en este delito en los casos siguientes:
1).
Cuando el niño está en coma irreversible.
2).
Cuando el tratamiento sólo prolongaría la
agonía o fuera razonablemente considerado ineficaz
o inútil.
3).
Cuando cl tratamiento, inútil en cuanto a la supervivencia,
lucra considerado inhumano.
Aun
cuando la instauración de los comités de
ética pediátrica no ha sido legalmente obligatorio,
los problemas jurídicos planteados y la opinión
pública los han hecho convenientes.
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